El derecho a la propiedad y su conservación, de acuerdo a las leyes vigentes es fundamental para mantener el equilibrio social y la estabilidad de nuestra sociedad.
Quien atenta en contra de la propiedad pública y privada, se convierte en un enemigo que debe ser señalado, para que todos sepan quién es y llevado de inmediato a la justicia, para ser condenado ejemplarmente como un peligroso elemento y enemigo de la sociedad en la que vivimos.
El caso del apresado abogado Orellana, que es público y conocido es solamente una ligera aproximación al tema y que solamente muestra el nivel de corrupción existente en el aparato burocrático del Estado Peruano.
Nuestro país necesita con la mayor urgencia (ahorita) una legislación clara y precisa sobre los traficantes de bienes inmuebles y los falsificadores de títulos de propiedad, o sucederá que la reconstrucción nacional, prevista a ser iniciada una vez que acabe la devastación o desastre continuo que ha generado desde el 15 de enero a la fecha el fenómeno climatológico El Niño.
De nada sirve la reubicación voluntaria o forzada a través de las nuevas leyes, a lugares seguros y dignos para todas estos moradores, que lo han perdido todo, y que constituyen en verdad familias completas, que viven en las riberas de los ríos y hasta de los barrancos conformados por el río Rímac, y por sobre todo en las quebradas secas por donde pasan los huaicos.
Porque todos sabemos que estos cuatreros siguen en la plena actividad apoderándose de los ajeno apoyándose en sus cientos de matones a sueldo, con los que invadirán y ocuparán los mismos lugares, que van a dejar los reubicados.
El país vive una continua situación, en que la demanda de vivienda, la misma que está generalizada en todos los estratos sociales, y es una realidad que los más pobres quieren ser propietarios y son ellos que en estos sueños y anhelos legítimos, para cumplirlos más ricos y poderosos a los traficantes y falsificadores de títulos, porque ellos son los invasores, pagan y darán todo lo que tienen para ser propietarios, aunque después se lo lleve o se caiga al río.
Los traficantes y falsificadores dominan la legislación vigente a través de la compra a quienes tienen que aplicarla, No existe pues una Ley que acabe para siempre con los falsificadores de títulos de propiedad inmueble y con los traficantes de predios urbanos y rurales. Estos miserables saben burlar todas las leyes vigentes.
Nunca más deben mantener su poder, todos estos traficantes de terrenos con autoridades del Estado, y sus abogados, notarios, jueces, fiscales, registradores de propiedad, y matones. Invasores, el camino para ellos es único y no es otro que la cárcel, el lugar donde deben vivir para siempre con sus cónyuges, hijos, nietos, hermanos cuñados, yernos, nueras, porque constituyen familias enteras.
El tema es identificarlos y que sus rostros sean del dominio de la opinión pública. Mientras el Ministerio Público siga comportándose como la escuelita de la exdelincuente Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán y el Poder Judicial tenga jueces que liberan a todos estos ladrones, estos campean a la vista de todos nosotros y por eso insisto que se requiere una norma clara para que nuestro país se respete el derecho a la propiedad.
Los falsificadores de títulos propiedad, en casos que hemos vistos por la televisión pueden tener a su madre muerta, hace un montón de años, por ejemplo en noviembre de 1971, y a pesar que nunca fue dueña de inmuebles, se proclaman herederos por funcionarios corruptos en ejercicio, de bienes inmuebles, urbanos o rurales, que nunca les pertenecieron, para desalojar con el empleo de decenas de matones a los legítimos propietarios, se ha llegado al extremo de botar a la calle al padre o a otros miembros de la familia a la que antes pertenecieron.
Son de lo peor, son escoria humana, unos mal nacidos su lugar es la cárcel sin derecho a rebajar la pena.
Es pues una obligación: denunciar a traficantes de la propiedad privada y pública, y a los falsificadores de títulos de propiedad, quienes son los culpables de la gente que vive en quebradas.
Si no hay solución en este tema, seremos un país del décimo mundo en el que no se respeta la propiedad. Un amigo sobre este tema me planteó que si no se respeta la vida, que si hasta en Miraflores, que supuestamente es lo más seguro de Lima, los ladrones pistola en mano entran a asaltar una casa de familia, estoy pidiendo demasiado.
Pero no, eso es derrotismo, tenemos todos que plantear la defensa y el respeto a la vida, de todos los derechos de los seres humanos y el de la propiedad privada y pública, es nuestro único camino de vida.
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